Está dirigida a Jueces, Fiscales, Defensores y Funcionarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de la Argentina con el objetivo de expresar “la preocupación del Sistema Judicial en su conjunto y la firme voluntad de participación en la construcción de soluciones”.
El STJ de Entre Ríos, dispuso en la reunión de Acuerdo General celebrada el pasado martes, dar a conocer públicamente el documento emitido por la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), a mediados del mes de abril, titulado "Justicia y Seguridad. Qué proponemos hacer", firmado por Abel Fleming y Fernando Lodeiro, presidente y secretario de la FAM.
En dicho documento, la entidad da cuenta de que en la república se judicializan anualmente más de 4 millones de conflictos y, tras efectuar un particularizado análisis de coyuntura, formula propuestas de acción a las cuales adhiere la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), en su Asamblea General Ordinaria Nº 58, celebrada en San Salvador (República de El Salvador).
Entre las propuestas, cabe mencionar la puesta en valor de la ley con la consiguiente responsabilidad política y ciudadana, la atención primaria de los conflictos con la concurrencia de los tres Poderes de la Nación y de los estados provinciales, planes integrales de fomento a la mediación, priorización de los casos de mayor gravedad, establecimiento de juzgados y procedimientos diferenciales para los casos de delitos con autores sorprendidos en los momentos de su comisión o inmediatamente después, y la creación de un Fondo Estructural para la agilización de la reforma judicial y planes adecuados de seguridad en las provincias, así como la convocatoria de los Poderes nacionales para determinar un curso de acción que responda a un enfoque global y nacional.
Tal pronunciamiento se explicita en el documento de referencia que al presente se adjunta, y que lleva la firma del Presidente y el Secretario de la entidad, el cual culmina convocando a Jueces, Fiscales, Defensores y Funcionarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de todo el país, a expresar su apoyo a las peticiones que esa Federación realiza, concentrándose el miércoles 27 del corriente mes, a la hora 13, durante quince minutos, en los lugares públicos de los distintos Tribunales argentinos.
Texto del documento
A los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales. A la dirigencia política, económica y social. A los actores de la cultura. Al ciudadano argentino:
El sostenido aumento de los casos judiciales, penales y de todo tipo, afligen hoy a la sociedad, prisionera entre el miedo y la impotencia. También la Justicia padece la situación, atravesada por realidades cada vez más difíciles de gobernar. Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, una cifra cercana a la mitad, se trata de asuntos penales. Con esta cantidad de casos, no puede convivir la población ni el sistema judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles en todo el país están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas y la situación no cambia.
Poner en valor la ley. Reducción de la cifra de conflictos. Debemos reducir, entre todos, la cifra de conflictos con un nuevo pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro, los que no pueden quedar librados a la sola acción del control estatal con sistemas judiciales y policías desbordadas. Poner en valor la ley es tarea, antes que nada, ciudadana. La política debe liderar los procesos de acuerdo y cambio, con planes urgentes y concretos que incluyan educación y participación para compartir el esfuerzo en el sostenimiento de la ley. Sobre ellos podemos aportar algunas medidas, aunque reconociendo que excede este campo la competencia y responsabilidad judicial.
Justicia simplificada. Debemos descargar de los sistemas judiciales 2.000.000 de casos por año, en parte evitándolos mediante prevención eficaz, en parte transfiriéndolos de los pesados y colapsados sistemas formales a un nuevo sistema más ágil e informal, de justicia simplificada y de proximidad geográfica. Para construir este cordón de atención primaria del conflicto, resulta imprescindible el concurso de los tres Poderes del Estado en los niveles nacionales y provinciales. Imaginamos Acuerdos Inter.-Poderes e Inter.-Jurisdiccionales que posibiliten la instalación de nuevos jueces, con base edilicia y apoyatura en delegaciones municipales, que puedan actuar con procedimientos simples, concentrados y orales, privilegiando el acuerdo y la restauración para desplazar el largo y engorroso combate judicial propio de los asuntos complejos.
Mediación extrajudicial Debemos llevar a la mediación a un punto de actuación que la convierta en el primer nivel de respuesta al conflicto, para que sean las propias partes interesadas las principales protagonistas del hallazgo de la solución. Para ello hace falta más que leyes. Se necesitan planes integrales de fomento a la mediación, con campañas de difusión, alicientes de uso, disponibilidad, gratuidad, junto con consecuentes medidas de desaliento al pleito tradicional. El objetivo a lograr es que el litigio ocupe un lugar subsidiario dentro de los mecanismos de solución de las disputas.
Priorizar la atención de los casos más graves. En materia de justicia penal se deben realizar las reformas necesarias para que los fiscales puedan priorizar la atención de los casos más graves, seleccionando los asuntos en que acusarán, adecuando en las leyes el rol de la víctima en el proceso, para que pueda ejercer un adecuado control e impulso sobre su marcha.
Mayor velocidad en los casos penales. Resulta imprescindible establecer juzgados y procedimientos diferenciales para los delitos cuyos autores fueran sorprendidos al momento de cometerlos o inmediatamente después, detenidos por la policía o indicados por el clamor popular. Estos juzgados para delitos de simple comprobación, actuando bajo principios de simplicidad, y sin afectación de derechos, permitirán seguir sosteniendo la presunción de inocencia y el derecho de defensa en juicio en la totalidad de los asuntos, tan esenciales para distinguir la justicia de la venganza privada.
Misión fundamental del Estado Nacional. Creación de un Fondo Estructural. El Estado Nacional, tiene como misión fundamental, desde el propio Preámbulo de la Constitución Nacional, “afianzar la Justicia” y “asegurar los beneficios de la libertad” en toda la República. Tal tarea no se cumple con la creación y actuación de la Justicia Federal, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura, órganos previstos para actuar en un número limitado y excepcional de casos. La gravedad de la situación impone la urgente creación de un Fondo Estructural para la agilización de la reforma judicial y de planes adecuados de seguridad en las provincias, que les permitan desarrollar con mayor impacto las medidas en curso, las que aquí proponemos y las que se puedan añadir. Si la Seguridad y la Justicia importan, no debe serlo sólo para la crítica, sino para posibilitar soluciones. El modo de hacerlo, sin violentar el diseño federal, es con un Fondo Compensador, o de desarrollo de Políticas en Seguridad y Justicia, que pueda ser utilizado por las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con finalidades específicas y medición de resultados.
Nuestro aporte. Desde la crisis del 2001 venimos reclamando atención y elaborando propuestas de acción para revertir el estado de cosas en materia de justicia, participando con otras organizaciones civiles y autoridades públicas en la elaboración de diagnósticos y propuestas para la reforma judicial. A pesar de los avances, las soluciones intentadas se encuentran todavía en el nivel experimental o de escala reducida. Con urgencia debemos establecer, desde un enfoque global y nacional, un curso de acción con ese norte. Proponemos que los poderes nacionales convoquen los encuentros. Allí podremos desarrollar y desagregar la formulación de medidas complementarias que integran nuestro aporte y que, con el del resto de los participantes, seguramente resultará una elaboración de mejor criterio y valor.
Convocamos: a los Jueces, Fiscales, Defensores y Funcionarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de todo el país a expresar su apoyo a la petición que realizamos, concentrándonos en los lugares públicos de los distintos Tribunales, por espacio de quince minutos, a partir de horas 13 del día 27 de mayo. Con esto último pretendemos expresar la entidad de la preocupación del Sistema Judicial en su conjunto y la firme voluntad de participación en la construcción de soluciones.
