Desde el organismo educativo se hizo notar que dichos cambios se están realizando con la participación de los docentes y equipos técnicos del CGE, para definir la actualización y adecuación a la nueva organización de los niveles del sistema educativo.
La circular expresa que “es fundamental el papel del docente como profesional, con autonomía de pensamiento, formando parte de un colectivo que recupere el conocimiento que produce su práctica y que pueda proyectarlo en la generación de alternativas pedagógicas y didácticas, entramándolo con un profundo conocimiento de la realidad social, pero definido desde las características de los estudiantes, cualquiera sea la etapa de la vida en que se encuentren, ubicándolos en el contexto histórico político, social y cultural en el que se ha constituido su subjetividad”.
Resalta que los docentes, al interactuar, tienen presentes sus intereses laborales y personales, sus posiciones y concepciones sobre su trabajo, así como su conocimiento sobre la manera de manejarse en las diversas relaciones propias del trabajo de docente.
Más adelante, asegura que “el trabajo docente no es un trabajo lineal ni fácil. Muchas veces el docente experimenta su práctica con un sentimiento de soledad. Vive su actuar como un espacio íntimo, privado, personal. Pero realmente no está solo en el proceso educativo, siempre está en permanente relación con el otro: con el alumno, con el director, con los colegas, con el contenido, con los padres de familia, con la sociedad, etc. Al ser la educación un espacio social, el docente se encuentra incluido en una red de relaciones que lo ubican en un lugar con exigencias, y lo colocan en cierta relación de poder con el otro. El docente es y existe en relación estrecha con el alumno. Su poder, fundado en el saber, y su criterio de verdad, dependen de que el otro lo reconozca”.
Inmediatamente, expresa que “ante los cambios sociales, económicos, políticos, etc., así como la transformación de los diversos paradigmas acerca de la realidad, experimentados en el mundo en los últimos años, han replanteado la función social de la escuela y, por ende, han obligado a un cambio al interior de las actividades que en torno a la acción educativa se realizan. Estas modificaciones repercuten directamente en las personas que tienen a su cargo el quehacer educativo, concretamente en los docentes, cuyo desempeño profesional se torna día a día en un quehacer más complejo y demandante de nuevos conocimientos y habilidades, para los cuales muchas veces no ha sido formado. Por eso, para esta gestión educativa la educación constituye una política de Estado, una prioridad provincial para construir una sociedad más justa, reafirmar la soberanía, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Por último, la normativa expresa: “Creemos que es necesario rescatar o revalorizar a los docentes en las escuelas ante cambios curriculares, sus capacidades y experiencias, no solamente como docentes frente a alumnos, sino también como docentes responsables de actividades extracurriculares, tutorías, proyectos de mejoras e inclusión, actividades científicas y tecnológicas, promotores de la lectura, entre otras múltiples acciones tendientes a mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos. En consecuencia, debe quedar claramente establecido que garantizamos la estabilidad de todos los docentes entrerrianos ante las transformaciones educativas que se iniciarán el próximo ciclo lectivo”.
La circular Nº 7 fue rubricada por la presidenta del CGE, Graciela Bar, y las vocales Graciela Maciel, Marta Irázabal de Landó, María Delia Herrera y Susana Cogno.
