El motivo es el rechazo a la media sanción de la Ley Bases que -afirma el gremio- “pone en riesgo el normal funcionamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”.
“El programa de ajuste del Gobierno golpea fuerte a la aviación comercial y pone en riesgo el sector. Quieren privatizar hasta nuestro cielo y dejar a los trabajadores en disponibilidad, y no lo podemos permitir. Al intento de tercerizar funciones de la ANAC, se le suma el congelamiento salarial. Si se cancelan vuelos, no será responsabilidad de los trabajadores”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.
La ANAC es el organismo encargado de regular las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino.
Asambleas
Las Asambleas se realizarán entre las 8 y las 11 de la mañana del lunes, período de tiempo en el cual sólo se garantizará la prestación de servicios mínimos esenciales como vuelos de Estado, sanitarios, emergencias, amenazas de bomba y vuelos en desarrollo.“Tiene que quedar claro que mientras duren las asambleas, solamente vamos a garantizar los servicios y vuelos que resulten esenciales. Se debe convocar de manera inmediata a la paritaria sectorial y otorgar una recomposición salarial por encima de la inflación. También se debe garantizar que ninguno de los servicios ingrese en proceso de privatización”, aseguró Aguiar.
Luego de 25 horas de debate, la Ley Bases fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado, donde aún hay legisladores indecisos respecto a su voto.
Las asambleas se realizarán en el marco de la medida de fuerza propuesta por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Sin embargo, las organizaciones que integran la CATT decidirán si participan o no del paro y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, que nuclean a los trabajadores de colectivos y trenes respectivamente, ya informaron que decidieron no adherir.
Por su parte, ATE exigirá el rechazo a la Ley Bases en el Senado, el intento de privatización del Servicio de Extinción de Incendios, Sanidad y Control Terrestre, considerándola una medida ilegal que pone en riesgo 800 puestos de trabajo en todo el país, reapertura de la paritaria sectorial y aumento salarial por encima de la inflación y el rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias. (Infobae)
