Mientras se diagraman las audiencias, los trabajadores despedidos siguen con la toma pacífica de la planta. La vigilia, es para que se les garantice la continuidad laboral al personal, en caso de que otros empresarios reactiven la aceitera.
Por su parte, los directivos de Green Lake, que tienen su oficinas administrativas y comerciales en la ciudad de Gualeguaychú, mantuvieron comunicaciones telefónicas con la intendenta Zulnilda Gobo y el senador del departamento Nogoyá, a quienes les confesaron que el cierre se debe a varios inconvenientes, entre ellos, económicos, que no pueden seguir sosteniendo.
Los empresarios anunciaron que hoy o mañana se les liquidará las indemnizaciones, tal como lo exige la ley, a los despedidos, pero la incertidumbre de los obreros está dado por el futuro de la fuente laboral, ya que no habría compromiso alguno de que en caso de que otros empresarios reactiven la aceitera se los reincorpore.
“Lamentablemente esta situación ya la vivimos años atrás. Esta es la única industria en Lucas González, que generaba mano de obra, pero su cierre deja a 50 familias en forma directa sin sustento económico”, dijo Suárez, al tiempo que confesó que “no se sabe lo que va a pasar con la planta”.
Entre los problemas financieros que aducen los empresarios, es el impositivo, según comentó a esta Hoja, Suárez. Por lo que, en las próximas horas no se descarta que la Secretaría de la Producción convoque a los directivos para conocer de bocas de ellos la situación de la planta.
“Lo que me dijo el presidente de la firma, es que en marzo se les había anunciado a los trabajadores que la planta venía mal y por eso ahora decidieron cerrarla y ponerla en alquiler”, comentó el senador.
Hasta el jueves, la planta producía unas 120 mil toneladas anuales. Y la materia prima (situación que como efecto dominó afectará en forma indirecta a los productores de la zona) se obtenía “de proveedores radicados en la provincia”, se destaca en el sitio web de la firma, al tiempo que se señala que “se sigue con los lineamientos manifestados por la Secretaría de la Producción”.
Su política era, según se destaca en la página de Internet, “asegurar una determinada rentabilidad a los productores locales, hecho que conlleva a un incremento de la capacidad contributiva y un aumento en la recaudación tributaria”.
“Se está trabajando para encontrarle una solución a los trabajadores y que se les garantice la fuente laboral. Hay gente grande, que le faltan pocos años para jubilarse y, no les será fácil encontrar trabajo, por eso están muy preocupados”, comentó Suárez a El Diario.
